El Gobierno autorizó la contratación en Estados Unidos del estudio de abogados Foley Hoag LLP,  en el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique.

Lima, 02 de Febrero 2019, (ANDINA).- El Gobierno autorizó la contratación en Estados Unidos del estudio de abogados Foley Hoag LLP, para cautelar la defensa de los intereses del Estado peruano en el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique.

La Resolución Suprema 033-2019-Jus, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone que este mismo estudio de abogados se encargue también de la extradición de Mariella Janette Huerta Minaya y Gustavo Fernando Salazar Delgado, ambos investigados por el caso Odebrecht.

Precisa que la contratación del servicio de abogados extranjeros para cautelar los intereses del Estado peruano en Estados Unidos fue un pedido del procurador especial para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

El estudio de abogados Foley Hoag, señala la norma, fue seleccionado de una terna y cuenta con la opinión favorable del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Alejandro Toledo es investigado por la justicia peruana por presuntamente recibir coimas de la empresa Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Por ese caso tiene vigente una orden de detención preventiva.

La extradición del expresidente Alejandro Toledo se presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 25 de mayo del 2018, instancia que se encuentra evaluando el requerimiento de la justicia peruana.

Mariella Huerta es investigada por presuntamente recibir un soborno de la empresa Odebrecht por el Tramo II del Metro de Lima, junto al viceministro de Comunicaciones de ese entonces Jorge Cuba.

Fernando Salazar Delgado, a su vez, es acusado de haber constituido una empresa para el pago de un soborno al ex gobernador regional de Cusco Jorge Acurio Tito, por la licitación de la vía de Evitamiento del Cusco.

La norma lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

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