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Administración de Félix Moreno suscribió dos convenios sin sustento legal y de manera innecesaria. Contraloría halló irregularidades en región Callao.

Lima, 08 de Noviembre 2018, (ANDINA).- El gobierno regional del Callao promovió y suscribió sin sustento legal y de manera innecesaria dos convenios para adquirir camionetas, motocicletas y equipos de comunicación valorizados en más de 13 millones de soles, y cuyas contrataciones estuvieron dirigidas a determinadas empresas.

Así lo detalla el informe de control 691-2018-CG/LICA-AC de la Contraloría General de la República (CGR), el cual señala responsabilidad en 12 funcionarios y servidores públicos, incluyendo al gobernador regional saliente Félix Moreno Caballero.

De acuerdo con información pública de la CGR, las contrataciones directas fueron efectuadas por el gobierno regional del Callao entre el 2 de enero al 31 de diciembre del 2016. El informe de control ha sido notificado al gobierno regional para el deslinde de responsabilidades, así como para el cumplimiento de recomendaciones planteadas por la Contraloría.

Detalles

El informe de auditoría detalla que en diciembre del 2015, el gobierno regional del Callao impulsó y suscribió -sin sustento documentado- un Convenio Marco con la Policía Nacional para mejorar el nivel de seguridad ciudadana en la región, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia en esta provincial constitucional.

Merced a ese convenio, la región chalaca se comprometió a brindar apoyo para la reparación de vehículos, adquisición de neumáticos y dotar de un ambiente acondicionado para la base operativa del patrullaje motorizado.

Sin embargo, sin tener vinculación con este convenio marco, el gobierno regional impulsó y suscribió un Convenio Específico –que no se presupuestó- para la compra de 50 camionetas, 200 motocicletas y 450 equipos de comunicación, valorizadas en S/ 13’110,688, sin que existiera la necesidad de equipamiento para la Región Policial Callao.

En el marco de estos convenios, la entidad regional realizó tres contrataciones directas bajo condiciones del Estado de Emergencia no prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual habría afectado la participación de postores mediante procesos de selección públicos.

La Contraloría advirtió además que el procedimiento para la adquisición de las 50 camionetas 4×4 con equipamiento policial se realizó orientándolas a una marca y modelo determinado.

Asimismo, el procedimiento para la adquisición de 200 motocicletas con equipamiento policial se hizo sin tener en cuenta la norma para estandarización de vehículos, favoreciendo marca, modelo y proveedor.

El informe de control evidenció también que se modificaron las especificaciones técnicas de los 450 equipos de comunicación considerando la cotización de una empresa que no cumplió con la totalidad de lo requerido para un tipo de equipo.

El informe de auditoría ha sido derivado a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones legales respecto de los 12 funcionarios y servidores públicos involucrados. Igualmente, se ha remitido el informe con los recaudos y evidencias documentales al órgano instructor para el inicio del procedimiento sancionar respecto a los funcionarios y servidores públicos señalados.

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