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El congresista no agrupado Alberto de Belaunde fue elegido como presidente de la comisión investigadora de casos de abuso sexual, entre ellos el que involucra a la organización religiosa Sodalicio.

Lima, 17 de Mayo 2018, (ANDINA).- El congresista no agrupado Alberto de Belaunde fue elegido como presidente de la comisión investigadora de casos de abuso sexual contra menores en instituciones públicas y privadas, entre ellos el que involucra a la organización religiosa Sodalicio.

Lo acompañan Ana María Choquehuanca (PPK) como vicepresidenta, y Gloria Montenegro (APP) como secretaria. Completan la comisión Alejandra Aramayo, Juan Carlo Yuyes y Gilmer Trujillo.

La comisión tendrá funciones durante 180 días.

En las consideraciones del texto sustitutorio de las mociones 1652 y 2040, donde se acuerda la formación de la comisión investigadora, se consigna que cada año se presentan 5,500 denuncias por violación sexual, de las cuales 72% (casi 4,000 casos) corresponden a delitos contra menores de edad.

De los 4,000 casos, el 90% de las víctimas son niñas o adolescentes, de estos solo 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores; es decir, ni la tercera parte de los agresores son castigados.

La Defensoría del Pueblo informó de casos reportados contra menores en instituciones educativas públicas y privadas, como los ocurridos en el colegio particular Héctor de Cárdenas o casos de violencia sexual sistemática contra menores, cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.

Los mismos delitos contra menores se han suscitado en instituciones públicas que atienden a menores como los casos denunciados en Inabif y Centros de Atención Residencial (CAR).

Alberto de Belaunde sostuvo que pese a lo amplio del tema y la gravedad que reviste, se determinará el modus operandi en que fueron cometidos de modo generalizado y sistemático.

Lo investigado, dijo, constituirá un instrumento útil para determinar y sancionar a los responsables de que los órganos competentes del Estado no hayan tomado las acciones idóneas para la prevención, el remedio, la denuncia y la sanción del grave fenómeno de violencia sexual sistemática contra niños y adolescentes.

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