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Contraloría plantea tener acceso directo e irrestricto a datos de entidades públicas

La Contraloría planteó tener acceso irrestricto a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para procesar y almacenar información.

Lima, 25 Octubre 2017, (ANDINA).- La Contraloría General de la República planteó tener acceso irrestricto a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para procesar y almacenar información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.

Dicha propuesta está incluida en el proyecto de ley que la Contraloría presentó al Congreso con la finalidad fortalecer sus atribuciones y las del Sistema Nacional de Control y de ese modo mejorar el combate contra la corrupción en el país.

Según la iniciativa, que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27785, la Contraloría debe tener acceso “directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito” a las mencionadas bases de datos.

Para cumplir con esta atribución, los titulares de las entidades y los encargados o responsables de las bases de datos, brindan las facilidades necesarias para la implementación de dicho acceso.

De acuerdo a la iniciativa, la Contraloría tiene como atribuciones tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual.

Asimismo, recuerda que ejerce la potestad para sancionar a los servidores y funcionarios públicos con la prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen laboral bajo el cual se encuentre.

Al respecto, precisa que las sanciones impuestas a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, alcaldes y regidores de los gobiernos locales, por comisión de infracciones graves o muy graves, son causales de suspensión o vacancia.

La iniciativa legislativa lleva la firma del titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, y fue remitida al Congreso el pasado 23 de octubre.

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