Año del Buen Servicio al ciudadano.

Más de 780 funcionarios fueron suspendidos o inhabilitados

Al 31 de enero de este año, la Contraloría General, sancionó a 784 funcionarios y servidores públicos con la suspensión e inhabilitación para laborar en el Estado.

Lima, 16 Febrero 2017, (ANDINA).- Al 31 de enero de este año, el órgano sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, sancionó a 784 funcionarios y servidores públicos con la suspensión e inhabilitación para laborar en el Estado por conductas infractoras graves y muy graves durante el ejercicio de sus funciones.

Según la gravedad de las infracciones cometidas, fueron suspendidos desde 30 a 360 días, o inhabilitados para ejercer la función pública desde uno hasta cinco años.

La relación completa con el resultado del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) se publicó en la web de la Contraloría General, como una manifestación de su política de transparencia y para dar a conocer a la opinión pública el trabajo desarrollado en el marco de la Ley N° 29622 y su Reglamento.

De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el órgano sancionador, una vez consentidas (es decir, cuando no se apelaron) o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y se publican trimestralmente en el portal web de la Contraloría.

Debido proceso

En el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional es respetado el debido procedimiento y todos los principios y garantías que rigen la potestad sancionadora estatal.

La Contraloría indicó que el proceso se desarrolla en dos instancias: la primera, integrada por un órgano instructor que lleva a cabo las investigaciones, otorga el derecho de defensa y propone la determinación de las infracciones y sanciones al órgano sancionador que las impone o declara su inexistencia.

La segunda instancia está a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, órgano colegiado, adscrito a la Contraloría, integrado por cinco vocales elegidos por concurso público por un período de cinco años, el cual resuelve los recursos de apelación presentados contra las resoluciones de la sanción.

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